Los reclamos son los mismos que hace
13 años, en la primera marcha. El debate en el Congreso para la reforma está
estancado desde hace dos años pese a que los proyectos coinciden en
despenalizar el consumo. La Ley de Drogas argentina responde a un sistema
prohibicionista que fracasó y persigue a los usuarios en vez de caer sobre los narcotraficantes.
El discurso pseudoprogresista que propala un enfoque erróneo y resta en vez de
sumar. El autocultivo que viola la ley pero es amparado por el sentido común. La
distancia con la experiencia uruguaya y la necesidad de una política de Estado
integral para un problema complejo.
(ANTICIPO - FRAGMENTO NOTA ROSARIO EXPRESS DE JUNIO)
Escribe:
Joaquín Castellanos
Argentina
atrasa.
No
se trata de no estar preparados para debatir sino de la decisión latente de no
afrontar el debate. Desde hace más de dos décadas, no sólo la discusión sobre
drogas patelea en el aire: el enfoque que el Estado y la sociedad le dan al
tema es erróneo y se sigue alimentando de una mirada que no se ajusta a la propia
realidad.
"La
visión que se tenga con respecto a las drogas resulta del modo en que la
sociedad haya captado el problema, que a su vez se infiere del modo en que se
lo han presentado", explicaba el penalista Elías Neuman. Y no lo hacía la
semana pasada. Su trabajo “La Legalización de las Drogas” (Depalma, 1997)
contiene esta y otras muchas frases esclarecedoras.
“Quienes
prohíben la marihuana no son médicos, sino políticos. Y los políticos no
funcionan en base a razonamientos, sino a votos. Hay que dejar el tema de la
marihuana en manos de la ciencia, ni de políticos, ni de policías”.
Esta
otra sentencia, sin eufemismo y contundente, tranquilamente podría haber sido
pronunciada por un eufórico manifestante el sábado 3 de mayo en la marcha por
la despenalización de la marihuana. Sin embargo, fue pronunciad en 2003 –hace
ya 11 años- por un joven de entonces 82 años: el recordado neumonólogo Aquiles
Roncoroni.
Estas
visiones, que fueron, siguen y seguirán siendo las de muchos especialistas, van
siempre a contramano de las calculadas acciones de la política partidaria y de
las gestiones más allá de las banderas. E inevitablemente se encuentran con un
contexto de resistencia generalizado en la comodidad de dejar todo como está: la
hipocresía del enjambre ciudadano que por convencimiento o por inercia se
obstina en seguir caminando a leguas de distancia no sólo de lo que está
pasando en Uruguay sino ni siquiera de lo que pasa en sus calles.
DISCUSIÓN DISTORSIONADA
“La consigna más marihuana y menos soja no tiene nada que ver con esta lucha”,
reflexiona Silvia Inchaurraga, presidenta de la Asociación de Reducción de
Daños de Argentina (ARDA) y directora del Centro de Estudios Avanzados en
Drogadependencias y Sida UNR, a propósito de uno de los cánticos de la marcha
de mayo.
“Empoderizar a la población que
consume está muy bien, pero ojo. No se puede caer en el elogio de la sustancia
o en la apología. Eso no suma en el debate que necesitamos. No sirve tampoco
una política en relación a una sola droga: el problema es con todas. Lo que se
necesita es una reforma integral”, señala.
Para ella, como para buena parte de
los académicos que abordan el tema, son varios los frentes que deben superarse
a la hora de trazar una necesaria nueva mirada. Así como los intereses
personales -que ya se evidencian casi sin esfuerzo en algunos actores que
participan de la discusión- o el desenfreno de quienes sueñan irresponsablemente
con una experiencia uruguaya a la santafesina, hay otros obstáculos históricos.
El oportunismo político, por ejemplo, que puede ser tan perjudicial como la
desidia.
“Hay adhesiones que son fantásticas
pero que resultan casi decorativas.
Siempre suman
los apoyos pero en cuanto se tergiversa un poco el debate, se termina restando.
El aplauso de la población cautiva sirve si en sintonía se acompañan los
reclamos desde donde hace falta que estén los políticos”, señala la
especialista.
“El
oportunismo político tiene su costo. La misma experiencia uruguaya mal abordad
no aporta. El discurso pseudoprogresista nos termina restando, si no está un
poco la academia encima es un riesgo. No suma hablar sólo desde las intenciones”,
dice Inchaurraga, porque “del otro lado está el discurso ultraconservador,
reaccionario, de la mano dura, que se termina favoreciendo con todo esto. Y la
gente, es lógico, se queda entrampada en un enfoque equivocado, entre dos
relatos que no son los correctos”.
DEBATE ESTANCADO
Aunque a comienzos de este año y a
finales del anterior ingresaron nuevos proyectos, hasta 2012 eran 8 las iniciativas
legislativas presentadas en el Congreso para reformar la controvertida de ley
de drogas (23.737).
La mayoría fue presentada en
Diputados en 2010 -Diana Conti, María del Carmen Bianchi (FPV); Victoria Donda
(FAP); Gil Lavedra, Manuel Garrido (UCR); Fabián Peralta (GEN)-, y en la misma
Cámara otro en 2011-Vilma Ibarra (Encuentro Popular)- y una en el Senado -Aníbal
Fernández (FPV). En general, se propone la
despenalización de la tenencia para consumo personal (art. 14), actualmente
penada con de un mes a dos años de prisión, y lo que se replantea con claridad
en casi todos es a quién hay que
castigar: al que produce, al que fabrica y lucra con a la comercialización del
producto, y no al usuario.
Todos,
más otros tantos relacionados, esperan por debate, según corresponda, en la comisión
de Prevención de Adicciones y y Lucha contra el Narcotráfico de
Diputados, o en la de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado.
AUTOCULTIVO COMO ALTERNATIVA
“El tema del cultivo de marihuana, a nivel
doméstico o familiar, para consumo personal, es más bien una forma de
autopreservación. Es disparatado perseguirlo. ¿Para qué? ¿para que vayan y
compren? Perseguirlo favorece al narcotráfico, es evidente”, opina Felix Crous,
director de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Algunos
especialistas insisten en que se trata de una opción aunque “por sí solo, lo
que hace es empañar la realidad de fondo, de lo que tenemos que hablar…”. Por
eso lo apuntan como algo que bien podría ser parte de una solución integral.
Lo
cierto es que en los últimos años, la violencia narco, las difusas fronteras entre
la ley de drogas vigente – el cultivo para consumo personal, según la
23737, debe ser reprimido con prisión de un mes a dos años- y el sentido común
–el autocultivo está contemplado tácitamente en la actualidad-, han llevado a buena parte de la
población usuaria de marihuana a apostar por tener su propia planta.
Según
datos de la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica por cada muerto
que existe por todas las drogas ilegales juntas, hay 10 muertos provocados por el
narcotráfico.
“El
autocultivo es la forma más eficaz de combatir el narcotráfico desde la gente
de a pie: con una planta para el consumo propio, no se contribuye a alimentar a
las organizaciones criminales, y el consumidor no se expone a la inseguridad
que representa tener que entrar en el circuito ilegal”, dicen en la Asociación
Rosarina de Estudios Culturales (AREC), donde consideran que entre el 5 y el
10% de los consumidores locales practica hoy en el autocultivo.
“Es
una franja pequeña pero si se autorizara, aunque no creemos que alcance más de
un 30 0 40% de los consumidores, sería una alternativa. Porque es verdad que existe
otra parte que no tendría acceso a esa práctica, incluyendo a quienes tienen un
problema de abuso o adicción. Por ellos es el que el Estado debe intervenir. El
cultivo comunitario y la participación de organizaciones sociales de la mano de
organismos públicos pueden favorecer a la reducción de daños”, opina el
kinesiólogo Pablo Ascolani, secretario de AREC.
PROBLEMAS CON LA LEY
Pero
lo que parece una alternativa para el cambio de paradigma, para el control del
Estado representa un delito, pese a lo que expresan incluso más de un fallo de
la Corte Suprema que aunque siembran jurisprudencia no son vinculantes.
Pese
a la persecución de consumidores, hasta hace poco no había habido en la
provincia allanamientos por plantas exclusivamente. No obstante, en marzo de 2013 se registró el primer caso de
una estudiante de medicina en Rosario. Y en 2014, otro en Villa Constitución,
en el domicilio de un jubilado con problemas de salud devenidos por su trabajo
en Acindar.
En
“Historia de la Marihuana en Argentina” (AREC, 2014) hay más detalles. “La
emisión de una orden de allanamiento por una planta de marihuana es
prácticamente una malversación de fondos públicos, por movilizar recurso por
algo que no representa por sí mismo un delito”, dice Ascolani.
Porque
está comprobado, las fuerzas de seguridad del Estado y la Justicia persiguen al
consumidor y no al narcotráfico.
La
Ley 23.737 que rige desde 1989, reemplazó a la ley 20.771, de 1974, que fue la
primera ley especial sobre “sustancias psicoactivas” en el país. Básicamente,
en el paso de una a otra se mantiene el espíritu persecutorio a los
consumidores y una curiosidad es que en lo que respecta a los delitos de narcotráfico,
apenas aumentó la escala de condenas de 4 a 15 años.
Según
un informe de la PROCUNAR publicado en 2013, en la mayoría de las causas por
droga se persigue a los usuarios: el 38% de las casos de todo el país por
infracción a la Ley de Estupefacientes tiene como protagonistas a
consumidores -en Rosario, el 68 por ciento de las causas; el 66 por ciento, en
Córdoba; 64 por ciento, en Mendoza; y 61 por ciento, en Resistencia.
En tanto, un estudio realizado por
la Asociación Civil Intercambios, señala que apenas el 3% de las causas por drogas
refiere a investigaciones sobre contrabando y, aún así, los condenados son
quienes ofician de partícipes (mulas) y nunca los responsables de narcotráfico.
En ese
contexto, se adivina la suerte que puede correr una persona adicta que requiere
ayuda.
“Con
esta ley, quien tiene un problema de adicción hoy, no tiene acceso a la salud y
hasta puede ir preso. Está en un estado de riesgo social pero si se acerca a un
hospital puede terminar en la comisaría”, explican en AREC para dimensionar lo
anacrónico y contradictorio de la ley vigente.
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